Nueva normativa aprobada por el Gobierno supone una gran oportunidad para abordar un estudio en profundidad de los costes operativos de los inmuebles, garantizando el rendimiento óptimo de sus instalaciones

 

Estrategia adecuada en facility management, es posible obtener un ahorro efectivo en el consumo de agua o electricidad en un plazo de tres años (España)

Publicado por FAMASE el 29/05/2012 (ESP)


 



 





Las novedades en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración General del Estado, anunciadas por el Gobierno recientemente entre sus medidas dirigidas a la reducción del déficit público, suponen el punto de partida para la inminente racionalización de su parque de inmuebles, actuación ineludible en un contexto de ahorro como el que vivimos actualmente.



Esta reforma que impulsa ahora el Gobierno en la gestión de sus recursos inmobiliarios, provocada por la maltrecha situación de las cuentas públicas, viene a acompañar un movimiento global que se viene produciendo en la esfera privada desde el comienzo de la crisis económica. Este fenómeno consiste en la progresiva desaparición de la política patrimonialista de las empresas, especialmente en las grandes compañías, en favor de la inversión en su negocio principal, su core business.



Las empresas requieren inmuebles capaces de adaptarse a la evolución de su sector, ofreciendo más flexibilidad y un mejor entorno de trabajo a sus empleados. Son cada vez más conscientes de que el elemento inmobiliario representa una gran oportunidad para reducir sus costes de organización y generar ahorros de manera significativa, lo que puede repercutir en una mayor rentabilidad y en más oportunidades para la generación de empleo.



Esta adecuación a sus verdaderas necesidades es la que, desde nuestro punto de vista, deberían aplicar también el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, para que los ciudadanos reconozcan en las Administraciones Públicas un ejemplo de austeridad, responsabilidad y buena gestión. Esta adaptación exigirá algunas decisiones que, más allá de su complejidad, representan una gran oportunidad para ser creativos, aprender y sacar el mayor rendimiento posible a los recursos inmobiliarios.



En primer lugar, resulta de vital importancia la adecuación de los alquileres de la Administración a los precios de mercado, lo que generaría sin duda un ahorro de costes. En el caso de los alquileres con precios muy elevados, consideramos que sería necesario estudiar la posibilidad de trasladar algunas sedes desde el corazón de las ciudades hacia zonas más alejadas del centro.



Buscando también la máxima optimización de los recursos, creemos que la Administración acertaría al plantearse la propiedad de miles de inmuebles en todo el territorio nacional y considerar la venta ordenada de aquellos que pudieran generar ingresos para las arcas públicas. Para ello es preciso realizar un análisis profundo de los más de 50.000 bienes registrados (entre rústicos, edificaciones y solares) que actualmente son patrimonio inmobiliario del Estado para conocer aquellos con posibilidad de ser enajenados.



Además, cualquier reestructuración del patrimonio inmobiliario público ha de pasar por una imprescindible racionalización de espacios que incluya un diseño inteligente de los lugares de trabajo. La propia Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP), constituida hace unos días e impulsada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, admite la necesidad de "adoptar una estrategia sostenida de reducción de espacio ocupado por efectivo, tomando como referencia la ocupación en organizaciones del sector privado". Esta clase de medidas permitirían una mayor eficiencia de los edificios y evitarían la infrautilización de espacios.



Por último, la nueva normativa aprobada por el Gobierno supone una gran oportunidad para abordar un estudio en profundidad de los costes operativos de los inmuebles, garantizando el rendimiento óptimo de sus instalaciones bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Estableciendo una estrategia adecuada en facility management,es posible obtener un ahorro efectivo en el consumo de agua o electricidad en un plazo de tres años.



Las Administraciones Públicas se enfrentan en los próximos años a un reto titánico, a la vez que urgente: reducir el tradicional peso del inmobiliario entre sus costes operativos y adaptar sus edificios a las necesidades reales para proporcionar un servicio más eficiente a los ciudadanos. Un ejercicio de sentido común e inteligencia que, si bien es deseable en tiempos de bonanza, la crisis económica ha convertido en completamente inexcusable.



Gonzalo Checa, director general de la consultora inmobiliaria AOS Studley en Madrid



 



28.05.2012: Publicacion y foto en : El Economista



 





 



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Publicado por Famase el  7.05.2012



 



 


 

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